Cuando el Estado renuncia a ejercer justicia frente a crímenes de lesa humanidad, no solo incumple un deber jurídico: debilita los fundamentos mismos de la comunidad política. La eventual liberación de perpetradores de la dictadura chilena no puede entenderse como un gesto de clemencia ni como una expresión de madurez democrática; constituye, más bien, una señal inequívoca de deterioro institucional y de desprotección tanto para las víctimas como para la sociedad en su conjunto.
En contextos donde la justicia abdica, la sociedad queda expuesta a un vacío que amenaza la convivencia civil. La impunidad no es un estado neutro: opera como una forma activa de violencia política ejercida desde las instituciones hacia quienes han sufrido violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. En ese escenario, los liberados no retornan a un país reconciliado, sino a un territorio donde la memoria sigue abierta y donde la herida histórica no ha sido atendida con la seriedad que exige su magnitud.
La responsabilidad de impedir que ese vacío derive en tensiones sociales recae exclusivamente en el Estado. Es el Estado —y no la ciudadanía— quien debe garantizar que los responsables de crímenes atroces enfrenten consecuencias proporcionales al daño causado. La verdadera defensa de una sociedad democrática consiste en que sus instituciones funcionen, que la justicia sea íntegra y que la memoria histórica no sea sacrificada en nombre de conveniencias coyunturales.
Cuando el Estado falla en ese deber, no solo traiciona a las víctimas: compromete la estabilidad del orden democrático. Una democracia que tolera la impunidad de sus verdugos se expone a la repetición de sus tragedias. La solemnidad del momento exige recordar que la justicia no es un trámite administrativo, sino un pacto civilizatorio que define quiénes somos y qué futuro estamos dispuestos a construir.
El individuo no es un súbdito inerme frente al poder estatal. Cuando las instituciones renuncian a garantizar justicia, protección y reparación, el ciudadano queda situado en un espacio de vulnerabilidad que contradice la promesa fundamental del pacto democrático. En ese contexto, la defensa propia no se reduce a la preservación física: incluye la defensa de la dignidad, de los derechos fundamentales y del marco de garantías que el Estado se comprometió a resguardar.
La teoría política contemporánea —desde la tradición republicana hasta el constitucionalismo moderno— reconoce que la legitimidad del Estado depende de su capacidad para asegurar justicia efectiva. Cuando esa función se ve negada o suspendida, emerge un principio elemental: la ciudadanía conserva el derecho a resistir la arbitrariedad y a reclamar, por medios institucionales y civiles, la justicia que le ha sido sustraída. No se trata de sustituir al Estado, sino de recordarle que su autoridad está condicionada por el cumplimiento de sus deberes.
En este sentido, la defensa del individuo frente a la injusticia estatal no es un acto de desorden, sino una afirmación solemne de la dignidad humana. La historia demuestra que las sociedades que toleran la impunidad terminan erosionando su propio fundamento político. Allí donde el Estado falla, la ciudadanía tiene el derecho —y a veces la obligación— de exigir que la justicia vuelva a ocupar el lugar que nunca debió abandonar. El intento de liberar a estos criminales de toda responsabilidad es una señal de profunda descomposición social. Cuando la justicia falla de manera sistemática, la comunidad se ve empujada a defenderse, como en “Fuenteovejuna”, donde el pueblo actúa unido ante la ausencia total de amparo institucional.